DECRETO DE LAS CORTES DE CÁDIZ DE 1811

“Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan:

1º. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase […].

2º Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo […].

4º. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.

5º. Los señoríos territoriales y solariegos quedan ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación […]

6º Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos […].

14º En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar jueces […].”

Decreto de las Cortes de Cádiz (6 de Agosto de 1811)

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Decreto de las Cortes de Cádiz (1811)

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Clasificación

El texto objeto de comentario es un fragmento del Decreto de las Cortes de Cádiz, aprobado el 6 de agosto de 1811, durante la Guerra de la Independencia Española. Se trata de una fuente primaria y de naturaleza histórico-jurídica, ya que corresponde a una disposición legislativa emitida por las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en la ciudad de Cádiz, entonces asediada por las tropas napoleónicas.

El decreto fue redactado en el marco de un proceso constituyente liberal que tenía como objetivo reformar profundamente el Antiguo Régimen. Específicamente, el decreto establece la abolición de los señoríos jurisdiccionales, uno de los pilares del sistema feudal. Además, su aplicación afectaba a todo el territorio de la Monarquía Española, tanto peninsular como ultramarino.

El documento posee un carácter público, dirigido a la totalidad de la nación española y a sus instituciones, con la clara intención reformadora, orientada a suprimir privilegios de origen feudal y establecer principios de igualdad jurídica y soberanía nacional. Su intencionalidad es, adicionalmente, política y transformadora, en la medida en que busca cimentar un nuevo orden liberal.

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Análisis

El texto expresa, mediante un lenguaje jurídico claro y directo, la voluntad de las Cortes de desmantelar el régimen señorial, que era una de las estructuras fundamentales del Antiguo Régimen.

La idea principal es la abolición de los señoríos jurisdiccionales y de los privilegios derivados de estos, con el fin de reforzar la unidad nacional y establecer la igualdad legal entre los ciudadanos.

Ideas secundarias relevantes:

• Incorporación de los señoríos a la Nación: Se declara que todos los señoríos jurisdiccionales quedan incorporados a la Nación. Así, se elimina la autoridad privada sobre territorios y poblaciones, transferida ahora al Estado.

• Nombramiento de autoridades: Los jueces y funcionarios serán designados como en los pueblos de realengo. De este modo, se unifica el sistema de gobierno local, bajo principios estatales y no señoriales.

• Abolición del vasallaje: Se suprimen las prestaciones personales o económicas derivadas del señorío, salvo las que deriven de contrato libre, es decir, que respeten el derecho de propiedad.

• Transformación de los señoríos territoriales: Estos pasan a ser considerados propiedades privadas, salvo que deban integrarse en el patrimonio nacional.

• Supresión de privilegios señoriales: Se eliminan derechos exclusivos como los de caza, pesca o uso de molinos, frecuentes en los antiguos señoríos.

• Prohibición de ejercer jurisdicción señorial: Ninguna persona podrá llamarse “Señor de vasallos” ni ejercer jurisdicción privada, reforzando la soberanía estatal.

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Comentario

El Decreto de las Cortes de Cádiz de 1811 debe interpretarse en el contexto del liberalismo español en su fase fundacional, durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). A causa de la invasión napoleónica, las instituciones tradicionales del Antiguo Régimen fueron desplazadas o quedaron deslegitimadas, permitiendo la reunión de unas Cortes extraordinarias en Cádiz. Estas asumieron tanto el poder legislativo como el constituyente.

Entre sus objetivos estaba el desmantelamiento del Antiguo Régimen, lo que implicaba eliminar los privilegios señoriales, reformar la estructura social y política, y redefinir el papel del Estado. Este decreto es uno de los pasos más decisivos en esa dirección.

Específicamente, el texto ataca la jurisdicción señorial, un sistema por el cual nobles, eclesiásticos o instituciones ejercían autoridad sobre territorios y personas. Esta autoridad incluía funciones judiciales, económicas y administrativas, independientes del poder central. Además, el sistema feudal implicaba cargas personales o económicas (vasallaje, censos, corveas) que obstaculizaban el desarrollo económico y la igualdad jurídica.

Este decreto, junto a la Constitución de 1812, establece el principio de que la soberanía reside en la Nación. De modo que toda autoridad particular, especialmente la que no procede de la voluntad general, debe desaparecer.

Asimismo, el decreto busca favorecer el crecimiento económico. Eliminando trabas feudales y uniformizando el sistema legal-administrativo, se crean condiciones más favorables para la inversión, la movilidad social y el mercado. En consecuencia, el texto es un intento de modernización social y económica.

A pesar de su aprobación, el decreto tuvo dificultades para aplicarse. Las guerras, la oposición del absolutismo y la restauración de Fernando VII en 1814 limitaron su eficacia inicial. No obstante, sus principios se recuperarían con fuerza en el Trienio Liberal (1820-1823) y, finalmente, tras la muerte del monarca en 1833, con el avance definitivo del liberalismo.

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Conclusión. Decreto de las Cortes de Cádiz de 1811

El Decreto de las Cortes de Cádiz de 1811 representa uno de los actos legislativos más importantes del constitucionalismo español. Su objetivo era demoler una de las estructuras clave del Antiguo Régimen: el señorío jurisdiccional. En su lugar, se proponía una sociedad basada en la igualdad ante la ley, la propiedad privada libre y la unidad nacional.

Ciertamente, no se puede subestimar su alcance simbólico e ideológico. A pesar de los obstáculos en su implementación, este decreto se convirtió en un referente de la lucha liberal contra los privilegios. Además, anticipó procesos que se consolidarían décadas más tarde, como la desamortización, la abolición de mayorazgos y la consolidación del Estado central.

Hoy, su lectura nos recuerda que las reformas políticas profundas, aunque resistidas, son esenciales para el progreso. Como documento, es una piedra angular del cambio de época que supuso el tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea en España.

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Bibliografía. Decreto de las Cortes de Cádiz de 1811

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• Bahamonde, Á., & Martínez, J. (2001). Historia de España. Siglo XIX. Madrid: Cátedra.

• Fontana, J. (2007). La época del liberalismo. Madrid: Crítica.

• Gil Novales, A. (2010). Las Cortes de Cádiz. Madrid: Taurus.

• Herr, R. (2003). España y la revolución del siglo XVIII. Madrid: Marcial Pons.

• Wikipedia